Ministerio Público Presenta Más De 300 Pruebas En El Juicio Por Corrupción De Los Casos Coral Y Coral 5G

SANTO DOMINGO. – En un nuevo capítulo del emblemático proceso judicial por corrupción administrativa conocido como Operaciones Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó este lunes más de 300 pruebas documentales y periciales ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, como parte del juicio de fondo que se sigue contra un grupo de exfuncionarios militares y policiales, entre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Durante la audiencia, el equipo de fiscales litigantes, encabezado por el magistrado Jonathan Pérez, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sustentó que la totalidad de las pruebas aportadas forman parte de una profunda investigación financiera avalada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyo informe técnico ya fue previamente admitido por el tribunal.

Dicho informe señala un incremento patrimonial no justificado por parte de los imputados, basado en el cruce de datos financieros, movimientos bancarios, declaraciones juradas y certificaciones oficiales. La supuesta desproporción entre ingresos formales y bienes acumulados constituye una de las piezas clave del caso.

Durante la presentación, rindió testimonio una exencargada del Departamento de Auditoría Financiera del Inacif, quien explicó ante las magistradas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes que el análisis técnico fue respaldado con información suministrada por entidades como la Superintendencia de Bancos, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como instituciones financieras del sector privado.

La testigo afirmó que, al confrontar los datos oficiales con los bienes adquiridos por los acusados, se detectaron diferencias sustanciales que no pudieron ser justificadas con sus ingresos reportados legalmente, lo que a juicio del Ministerio Público constituye indicios de presunto enriquecimiento ilícito.

Contexto del caso: desfalco de recursos públicos en organismos de seguridad

Las Operaciones Coral y Coral 5G se originaron a partir de denuncias e investigaciones realizadas por la Pepca entre 2020 y 2021, y forman parte de la ofensiva institucional contra la corrupción durante los gobiernos anteriores, abarcando presuntos hechos delictivos cometidos entre 2012 y 2020.

Según el expediente acusatorio, los encartados habrían tejido una estructura de corrupción militar y policial que operaba mediante el desvío de fondos públicos provenientes de instituciones como el CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Estos recursos, según las autoridades, eran canalizados a través de empresas de carpeta, testaferros y cuentas bancarias múltiples para adquirir propiedades, vehículos de lujo y realizar transferencias internacionales.

Además del mayor general Adán Cáceres, entre los acusados figuran otros altos mandos como el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Juan Carlos Torres Robiou, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, así como Rossy Guzmán Sánchez, pastora evangélica acusada de participar activamente en la red financiera ilegal, y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán. También están imputados el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y otros actores presuntamente involucrados.

Lo que sigue en el proceso judicial

La audiencia fue aplazada para el jueves 5 de junio a las 9:00 de la mañana, momento en el cual continuará la presentación de evidencias por parte del Ministerio Público. Se espera que en las próximas jornadas se reproduzcan pruebas audiovisuales y documentales que complementen los informes técnicos ya admitidos.

El proceso, que ha captado la atención nacional por el alto perfil de los implicados, avanza en su fase de juicio de fondo con la expectativa de que se sienten precedentes en materia de lucha contra la corrupción y rendición de cuentas en las instituciones castrenses del país.

Desde Pulso Hoy, continuaremos dando seguimiento a este caso emblemático, que pone a prueba la integridad institucional y la capacidad del sistema judicial dominicano para sancionar los delitos cometidos contra el patrimonio público.